En la reunión de la Comisión de Seguimiento del próximo 10 de mayo reiteraremos nuestra exigencia de que el Plan actual, vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, se cumpla en todos sus términos. Se deben contrastar opiniones sobre la diferente interpretación que, tanto el sindicato, como el Ministerio de Industria, tenemos de la […]
En la reunión de la Comisión de Seguimiento del próximo 10 de mayo reiteraremos nuestra exigencia de que el Plan actual, vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, se cumpla en todos sus términos.
Se deben contrastar opiniones sobre la diferente interpretación que, tanto el sindicato, como el Ministerio de Industria, tenemos de la decisión de la UE, que fija el año 2018 como fecha de cierre. Ya hemos manifestado nuestro rechazo a esa fecha finalista, con la que no estamos de acuerdo, y volveremos a insistir en la posición que ya manifestamos en el ámbito sindical, político, institucional y empresarial, a distintos niveles. Valoramos que en esa misma dirección se haya recurrido ante la corte de Luxemburgo contra la aplicación de la Decisión (de varios de sus artículos), tanto por Castilla y León, Aragón y Asturias, así como por parte de las empresas.
Lo más importante sería la voluntad política del Gobierno de mantener el sector, y más aún en una situación energética como la que actualmente estamos viviendo. La situación energética internacional, (sobre todo tras la crisis nuclear de Japón y las revueltas en los países árabes) da la razón, a la fuerza, a las tesis mantenidas por este sindicato en cuanto a la necesidad de reforzar el papel que el carbón autóctono debe jugar en un mix energético diversificado. Por tanto, debe contemplarse un horizonte temporal mucho más amplio, por encima de 2018, no sólo en lo que se refiere a la competitividad de las empresas, sino también a la modificación de la exigencia de devolución de las ayudas, cuyos porcentajes actuales de reducción son excesivos.
Asimismo, hay otras cuestiones de las que, una vez acordadas con el Ministerio, aún no tenemos ninguna información, que son:- Conocimiento del estado actual de la elaboración de la Planificación Energética General.- Estudio de la viabilidad de una estructura empresarial relacionada con el sector del carbón nacional- Como se contemplarán las partidas ligadas al Plan en los presupuestos generales del Estado.
El SOMA-FIA-UGT abogamos por la recuperación del artículo 5 del anterior reglamento y la aprobación por parte de la Comisión Europea de un texto homogéneo a dicho artículo, lo que supondría mantener las ayudas al acceso a reservas de carbón, tal y como definimos anteriormente, además de otros aspectos que conforman el plan. Estos aspectos estarían englobados en el artículo 7 del anterior reglamento denominado Ayudas a la cobertura de cargas excepcionales, y evitaríamos así que éstas se quedasen ligadas al cierre tal y como hace la Decisión 2010/787 de 10 de diciembre de 2010.
Precisamente, respecto al tema de cobertura de cargas excepcionales, el sindicato demandará la puesta en marcha del proceso de prejubilaciones de 2011, que está en manos de la abogacía del Estado.
También habrá que analizar la aplicación del Real Decreto de restricciones por garantía de suministro, acordado entre sindicatos, Ministerio y Carbunión, y ver su grado de cumplimiento en los contratos de suministro, precios e incorporación de los trabajadores afectados por ERES, para que las empresas vayan recuperando la normalidad y puedan cumplir sus objetivos, a la vez que se deben revisar al alza los porcentajes de consumo de los stocks existentes actualmente y así contribuir a mejorar la situación económico financiera de las empresas, para lo que sería necesario incrementar las horas de funcionamiento de las centrales térmicas. Los efectos en la situación del sector y en algunas empresas, no solo se deberían analizar en las compañías matrices, sino también en las contratas y subcontratas, aunque el ámbito de discusión ya está en este momento en la Subcomisión de Adaptación Laboral y en el proceso de negociación abierto en la empresa pública HUNOSA.
Por otra parte, debe constituirse el grupo de trabajo que analice la situación y comience la planificación de un nuevo plan de carbón y reactivación, sin horizonte temporal finalista, ya que es el recurso más abundante a nivel mundial. A este respecto, nosotros tenemos un posicionamiento claro: mantener una reserva estratégica de carbón, partiendo de una producción mínima que en el actual plan está pactada (10.200.000 toneladas), sin olvidar que, de no introducir medidas correctoras, dados los acontecimientos de los últimos dos años (no consumo por parte de las centrales térmicas), nos pueden conducir a una producción de 8 millones de toneladas, considerablemente por debajo de la anterior cifra pactada. Paralelamente, debemos continuar profundizando en el proceso de modernización y cambio de la estructura socioeconómica de las comarcas mineras. Estas cuestiones forman un binomio inseparable ya que la defensa de la minería del carbón y el proceso de reactivación van ligados y son un todo.
Un aspecto más, ligado a toda la problemática que se presenta, y sobre todo a la planificación energética, es la cuestión de la asignación y utilización, por parte de las eléctricas, de los derechos gratuitos de emisión de CO2, ya que estos derechos gratuitos de emisión se están convirtiendo en un elemento de beneficio económico atípico. Por ejemplo, durante el periodo de discusión de Real Decreto, con la actitud de parte del sector eléctrico que llevó a la acumulación de stocks por parte de las empresas mineras, al no quemarse el carbón autóctono, las empresas eléctricas han obtenido 176 millones de euros. En este campo, también tenemos que señalar que los proyectos que se están impulsando con la captura de CO2 y combustión limpia han de pasar de la fase experimental a su implementación a nivel industrial, valorando muy positivamente, los esfuerzos que hasta la fecha viene realizando la empresa pública HUNOSA.
En cuanto a la reactivación, se nos debe presentar el informe que el Ministerio de Industria se había comprometido a elaborar, para evaluar el cumplimiento, desarrollo y resultados de las partidas de reactivación del plan y su incidencia en el cambio de la estructura socioeconómica de las comarcas mineras y en la generación de empleo. Volveremos a plantear la necesidad de dotarnos de un mecanismo de gestión de los fondos mineros más operativo y eficaz, que sea más ágil en la tramitación administrativa en cuanto a aprobación, adjudicación y ejecución de los proyectos; un mecanismo que no sea agresivo, que evite retrasos, sin excluir la reformulación de una propuesta o de una alternativa distinta a la actual que habría que discutir para un futuro. El carácter transitorio de este mecanismo que reclamamos desde el SOMA-FIA-UGT se basa en el horizonte temporal en el que estamos, con la inminente finalización del actual plan, y permitir así que los proyectos se ejecuten y que los recursos disponibles se asignasen a las nuevas prioridades de creación de empleo.
Teniendo en cuenta que estamos en el horizonte final del plan y dada la situación de algunos proyectos (de infraestructuras, empresariales, de polígonos industriales, de investigación -como el centro de Soft Computing o la Fundación y/o Instituto de Investigación de la Energía, los Recursos Naturales, el Agua y la Tierra del Campus de Mieres-, el proyecto del Adaro, entre otros) hay que buscar un procedimiento o mecanismo de urgencia, con carácter transitorio, similar a los utilizados para los planes A y E (que agilizaron al máximo la puesta en marcha de las obras), que permita la ejecución de estos proyectos y la utilización de todos los recursos disponibles del actual plan y evitar lo que supondría su no aplicación en el periodo de vigencia del propio plan. Se trata de una cuestión de voluntad política.
Hay que valorar las prioridades que en este momento demandan las comarcas mineras dentro de un proyecto global de región: la creación de empleo -especialmente entre los jóvenes-, equipamientos, servicios de atención a mayores y discapacitados… Dado el creciente número de solicitantes, plantearemos que incremente el volumen de recursos destinados a becas y formación.
Se deben aprobar los porcentajes de reparto de los fondos mineros por cada comunidad autónoma.
Finalmente, al igual que en el periodo de desarrollo y ejecución del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras 2006-2012 se fueron ajustando el acceso de ámbitos territoriales y municipales a ayudas a la reactivación, formación y becas; en esta Comisión de Seguimiento, tal y como venimos demandando, volveremos a plantear la corrección de acceso a las mismas a ámbitos territoriales como es el caso de Tudela Veguín y Anieves como zonas del grupo 1 de emplazamientos muy afectados por la minería del carbón, ya que cabe recordar las explotaciones y concesiones carboneras de la zona de Tudela Veguín, como Hulleras de Veguín, Mina Prosperina…, la cantidad de empleo que generó, así como el duro tributo que el desempeño de esta actividad penosa y de alto riesgo han pagado con su vida los trabajadores de estas zonas (cabe recordar el grave accidente ocurrido en Mina Confiada, en 1985, que produjo una convulsión y solidaridad tanto en Asturias como en el conjunto del país). Este tratamiento de discriminación positiva para estos territorios, el SOMA-FIA-UGT lo hemos venido manteniendo en el tiempo, siempre fuera de cualquier oportunismo político o razonamientos electorales, ya que se ha modificado la condición que anteriormente citábamos en varias ocasiones.
