Comunicado de la Comisión Ejecutiva
Durante años, el SOMA-FIA-UGT viene poniendo de manifiesto la imperiosa necesidad de definir, desde el consenso, un plan energético nacional con visión de largo plazo, que recoja un mix diversificado donde todas las fuentes de energía tengan cabida, dada su importancia para la productividad y competitividad del conjunto de sectores económicos del país, sobre todo si se tiene en cuenta la altísima dependencia energética externa de España (por encima del 85%) y también de Europa (cercana al 60%).
Desde hace tiempo, se ha estado aplazando la elaboración de un plan energético nacional y, especialmente en los últimos años, se ha venido vilipendiando a la minería del carbón nacional, cuya importancia económica, social y territorial es innegable; además, el papel de este mineral es fundamental por tratarse del único recurso fósil autóctono y abundante del que disponemos en España y en Europa. Los acontecimientos que están sucediendo estos días en países árabes, algunos grandes suministradores de energía (hechos que no difieren tanto a los vividos no hace mucho en el norte de Europa), parecen dar la razón a las tesis mantenidas por el SOMA-FIA-UGT.
El proceso de reestructuración de la minería del carbón que comenzó hace más de treinta años ha caminado en la dirección de la reducción de producción, plantillas, explotaciones y, en los últimos tiempos, con posiciones, tanto de la UE, como del propio Gobierno español, encaminadas al cierre definitivo de la actividad minera en Europa y en nuestro país. ¿Pueden entenderse estas posiciones si se analiza con rigor y perspectiva lo que está ocurriendo en el sector energético a nivel mundial?
El SOMA-FIA-UGT siempre ha defendido el mantenimiento de la minería del carbón, sin exclusión de otras fuentes de energía, por ser un sector estratégico, clave para conformar ese mix energético diversificado (cuestión extrapolable al conjunto de la Unión Europea, aunque con márgenes de flexibilidad diferentes en función de las peculiaridades de cada país). Frente a esas campañas de demonización del carbón por parte de poderes políticos, económicos y variados lobbies de presión, que han utilizado argumentos coyunturales e incluso contradictorios según los intereses de cada momento, el SOMA-FIA-UGT ha mantenido siempre una postura única y coherente en la defensa del sector.
Ese planteamiento sindical siempre ha ido ligado a la necesidad de desarrollar procesos de combustión limpia del carbón, tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 y usos más nobles de este mineral. El SOMA-FIA-UGT lleva años destacando y apoyando la labor del INCAR, que, a pesar de no recibir tanto reconocimiento público como otros, está logrando importantes avances y resultados gracias, entre otras cosas, al compromiso y dedicación de sus profesionales.
Al carbón se le ha atacado fundamentalmente por dos motivos:
– Sus elevados costes y, por tanto, su falta de competitividad. Se trata una cuestión más que discutible: el índice McCloskey (baremo cuya objetividad nadie pondrá en duda) indica que la tonelada de carbón importado supera los 130 dólares, con una tendencia alcista, frente a los 82 del carbón nacional. Además, hay que tener en cuenta que el mineral autóctono ha servido históricamente para contrarrestar volatilidades y tentaciones especulativas.
– El impacto medioambiental. Sobre ello también habría mucho que debatir, ya que, tal y como demuestran las estadísticas, los desarrollos tecnológicos y los avances en combustión limpia del carbón ese impacto medioambiental se está reduciendo considerablemente y disminuirá aún más en un futuro próximo, resistiendo cualquier comparación en términos homogéneos con otros sectores.
El SOMA-FIA-UGT hace un llamamiento para que el Gobierno ponga en marcha una planificación energética rigurosa y de largo plazo, que contemple, entre otras medidas: un mix diversificado, adecuado a las necesidades energéticas del país y alejado de los intereses privados o particulares; que vele por el interés general; que permita mejorar nuestra productividad y competitividad, y contribuya así a salir de la crisis actual; que sea económicamente viable y socialmente aceptable; y que siente las bases de un nuevo modelo económico generador de empleo estable y de calidad y garante de bienestar social para los ciudadanos.
Es imprescindible que España y la UE abran un periodo de reflexión ante las políticas finalistas que se están planteando sobre el sector de la minería del carbón y su cierre definitivo en 2018. La negociación que se abra sobre un nuevo plan general de la minería y reactivación, no puede ir orientada a continuar con la reducción de producción y al cierre de explotaciones porque estratégica, sectorial, social y territorialmente ya se ha tocado fondo.
Todo parece indicar que la situación energética irá empeorando paulatinamente, sin que puedan preverse las consecuencias irreversibles de continuar por un camino equivocado. Las crisis energéticas vienen produciéndose cíclicamente y tal parece que no se ha aprendido nada de ellas (sin ir más lejos, la crisis del petróleo de 1972, fruto del conflicto del Yom-Kippur, en los mismos territorios que estos días son actualidad). España y Europa no pueden cometer errores del pasado, por eso urge diseñar una política energética que dé respuesta a las necesidades del país, donde, guste o no, el carbón nacional debe seguir jugando un papel determinante.
