A raiz de la publicación del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los fondos mineros, cabe señalar ciertos aspectos.
En primer lugar, decir que desde el SOMA-FITAG-UGT, siempre hemos dicho que la aplicación de las distintas actuaciones de los Fondos Mineros, correspondientes a los distintos Planes, y con Gobiernos de distinto signo político, ha tenido luces y sombras, y así lo seguimos manteniendo.
Por un lado, ha cambiado la estructura socio-económica de las Comarcas Mineras, aunque no en la intensidad que a todos nos gustaría, y por otro, se ha ayudado a empresas tan importantes como la Clínica Fernandez-Vega, Thyssen, o Duro Felguera entre otras, a mantener y consolidar empleo.
Hay que reconocer, no obstante, que ha habido situaciones de cierre y deslocalización de empresas por todos conocidos, u otras algo menos, como puede ser el caso de Chupa-Chups; y también situaciones de empresas creadas al albur de los fondos mineros, en sectores como el de la construcción, que luego sufrieron los efectos de la crisis de la burbuja inmobiliaria, y que no pudieron concretar los fines de generación y mantenimiento de empleo para lo que fueron creadas.
Por tanto, seguimos manteniendo que luces y sombras en su aplicación, con posibilidades de corregir en esta etapa, que puede ser la ultima posibilidad de generar empleo en los territorios que mas han sufrido la reconversión minera.
Sobre el reciente Informe del tribunal de Cuentas, a falta de poder hacer una lectura más profunda, decir que nos suena a un poco a “hacer la quiniela de lunes”, y quizá hubiese sido más útil al finalizar el primer plan 1998-2005, donde creemos que podía haber tenido un efecto corrector en la implementación de los fondos mineros de los siguientes planes, siempre que se hubiera conocido la fiscalización que ahora conocemos
Estamos de acuerdo que, en los años de ejecución de los Planes de la Minería, no se exigieron Planes Estratégicos de Reactivación de las Comarcas Mineras a las administraciones públicas, que eran quienes tenían la competencia para realizarlos e implementarlos; pero siempre teniendo en cuenta que todas estas cuestiones son mucho más fáciles de constatar “después de…”
Lo que si veníamos exigiendo desde el SOMA-FITAG-UGT, era la necesidad de dotar al IRMC de más medios técnicos y humanos, puesto que se constataba perfectamente que no tenían medios suficientes para una gestión, coordinación y control eficiente de las subvenciones, por lo que por nuestra parte no hay nada que objetar a la profesionalidad de los miembros del IRMC.
En cuanto al Proyecto del Geriátrico del Montepío de Felechosa, simplemente decir que adolece de las mismas afecciones en cuanto aplicación de Fondos Mineros, con varias salvedades, como es la judicialización por la necesidad de conocer con exactitud a la procedencia de dinero regularizado por dos personas concretas con sus nombres y apellidos.
Es necesario respetar el proceso judicial, y, sobre todo, conocer, la procedencia del dinero regularizado, que quienes hayan cometido irregularidades sean juzgados y sentenciados por ello, y que la entidad pueda centrarse en trabajar por una mutualidad que es de sus más de 10.000 mutualistas, que da empleo a unas 220 personas, y que atiende a más de 22.000 clientes al año, 170 de ellos residentes mayores en Felechosa, con 90 empleos en zona rural de la España vacía, y con un proyecto que cumple parámetros de viabilidad.
