Varios representantes sindicales, entre ellos el secretario general del sindicato, José Ángel Fernández Villa, mantienen un encierro en la sede del Ministerio de Industria
Tras el resultado de la reunión mantenida ayer con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, que no respondió a los objetivos y reivindicaciones planteadas, el SOMA-FIA-UGT y la Federación de Industria de CCOO han convocado una huelga general en la minería del carbón en España para los días 22, 23, 29 y 30 de septiembre. Representantes de ambas organizaciones, entre los que se encuentra el secretario general de este sindicato, José Ángel Fernández Villa, han decidido permanecer en las instalaciones ministeriales para seguir evaluando la situación y definir nuevas acciones que complementen las jornadas de movilización previstas.
Ambas federaciones sindicales acudieron a la reunión de ayer con voluntad de diálogo y confianza en encontrar una respuesta que despejase parte de las incertidumbres que pesan sobre el sector minero y el futuro de las comarcas: el pago inmediato de los salarios a los trabajadores del holding empresarial de Coto Minero Cantábrico, UMINSA y el Grupo Viloria; la puesta en marcha del Real Decreto para el consumo de carbón autóctono y el compromiso del Gobierno de España de mantener el volumen de recursos disponibles para la reactivación económica de las comarcas mineras hasta la finalización del actual Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras.
En la reunión con el ministro de Industria, y a pesar de la reiterada petición de los sindicatos, no se ha dado ninguna garantía de que en breve se vaya a realizar el pago de los salarios que dichas empresas adeudan a los trabajadores. El Ministerio ha trasladado a ambas federaciones que la Intervención del Estado ha manifestado la imposibilidad de destinar más recursos públicos a las empresas, ya que se han abonado todas las ayudas correspondientes al año 2010, cuya finalidad era el abono de las nóminas de los trabajadores hasta el mes de agosto incluido. Ante el incumplimiento del pago de los salarios por parte de los empresarios, el Ministerio de Industria ha enviado un requerimiento a esos grupos empresariales para que justifiquen el destino de las ayudas públicas recibidas en los últimos cuatro años (más de 367 millones de euros).
En cuanto a la aprobación y puesta en marcha del Real Decreto, se ha el Ministerio ha señalado que tiene información de los departamentos competentes de la Unión Europea, los cuales son favorables a la aprobación del mismo, y se prevé que el próximo día 29 de septiembre la cuestión quede resuelta en el Colegio de Comisarios de la UE. El Ministerio, también ha indicado que necesita unos 15 días para cumplir los trámites legales unos 15 das, por lo cabe la posibilidad de que la aplicación del Real Decreto se produzca en torno al 15 de octubre.
Los sindicatos han exigido el cumplimiento del Plan Nacional del Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras en todos sus aspectos, tal y como fue pactado: plantilla, producción, recolocaciones, reactivación…, y han reiterado por segunda vez la exigencia de no reducción, o el mantenimiento, de los recursos económicos acordados hasta el 2012 para la reactivación de las comarcas mineras, a lo que el Ministerio ha contestado que no está en condiciones de ofrecer una respuesta satisfactoria en este momento.
Durante la reunión se ha barajado la posibilidad de que en los próximos días se constituya un grupo de trabajo cuyo objetivo será elaborar una posición común de cara a la aprobación del nuevo reglamento de ayudas al funcionamiento de la minería del carbón europea, que permita definir los parámetros de producción, empleo, ayudas…, en un horizonte temporal mínimo del año 2020, así como empezar a trabajar de cara a la negociación y aprobación de un nuevo plan del carbón a partir de 2012.
A petición de los sindicatos, el Ministerio de Industria se ha comprometido, después de estudiar las propuestas realizadas por las organizaciones sindicales, a mantener una reunión en el periodo de tiempo más breve posible.